Criminología, Política Criminal y Derecho penal

 

La disciplina que ejerce el papel de mediador entre los conocimientos empíricos de la Criminología y los normativos del Derecho Penal, es la Política Criminal. La Política Criminal es el “puente” ineludible entre Criminología y Dogmática jurídico-penal, entre los conocimientos empíricos y los conocimientos valorativos. Pero son las valoraciones político criminales las que determinarán finalmente las valoraciones del Derecho Penal, pues le indicarán cómo y por qué intervenir con el instrumento penal o utilizar otros instrumentos de control social menos lesivos. A la Política Criminal le corresponde finalmente establecer el fin último de prevención del delito que se programa (prevención general y prevención especial) y los instrumentos para llevarlo a cabo: penales y no penales, formales e informales. De ahí que sea la Política Criminal la encargada de indicar al Estado qué conductas debe criminalizar y cuáles debe descriminalizar, cuándo debe aumentar o disminuir las penas, cuál es el sistema de sanciones más idóneo para determinada criminalidad, cuándo debe privilegiar otros instrumentos de control social, cuándo debe planificar una acción integrada de prevención (Zúñiga,2009). 

Referencias Bibliográficas

Zúñiga Rodríguez, L. (2009). Nociones de la Política Criminal. Gráficas Rigel, S.A.

Elementos Fundamentales

La Política Criminal, como parte de la Política en general de un Estado, tiene las características básicas de cualquier actuación política: es un conjunto de estrategias para un determinado fin. Conjunto de estrategias, instrumentos, modelos para conseguir un determinado fin. En primer lugar, el fin general de la Política Criminal se enmarca dentro del ideal de Sociedad que se pretende alcanzar. Entendemos que la dirección social de nuestras sociedades postindustrializadas en las que ya se ha logrado un mínimo de bienestar general y se han consagrado los derechos fundamentales formales en las cartas constitucionales, debe orientarse a la realización plena de la dimensión sustancial de la democracia, esto es, a la vigencia material de los derechos fundamentales ahí reconocidos. La propia selección de los mecanismos para hacer frente al fenómeno criminal es una cuestión valorativa que se inscribe en la Política general de un Estado determinado, en nuestro caso la del Estado social y democrático de Derecho con todos los principios y límites en la coerción estatal que tal concepción implica. Para tener criterios de referencia racionales en la selección de los instrumentos político-criminales es preciso centrar dos postulados generales propios del Estado social de Derecho que pueden servir de criterios guías:

- El Principio de legalidad sustancial

- El Principio de proporcionalidad (principio de subsidiariedad).

Referencias Bibliográficas

Zúñiga Rodríguez, L. (2009). Nociones de la Política Criminal. Gráficas Rigel, S.A.

La Política Criminal en Costa Rica

 El clima de inseguridad ciudadana que se ha gestado en estos últimos años, estimulado por la creencia de un aumento desmedido de las tasas de criminalidad y por la dramatización que sobre los hechos delictivos hace la prensa, ha propiciado que la política criminal tienda hacia la búsqueda de métodos que proporcionen respuestas cada vez más “eficaces” con las que se puedan enfrentar el fenómeno de la criminalidad y las consecuencias que ocasiona para el nuevo orden económico y político instaurado. La política criminal se convierte en esta coyuntura en una cuestión de moral más que de seguridad ciudadana, donde los sujetos son vistos como “objetos” del sistema penal al ser la finalidad de los programas de acción, la seguridad de sus potenciales víctimas y no la seguridad de sus derechos. Esta situación se confirma en Costa Rica, cuando el Poder Ejecutivo concentró todas sus energías en una serie de proyectos de ley donde se tipificaban nuevos tipos penales y se creaban unidades policiales especializas para atacar drásticamente la ola de secuestros extorsivos que azotó al país durante algún tiempo. En el caso particular de Costa Rica, las autoridades políticas ha intentando insistentemente en buscar los mecanismos e instrumentos idóneos para responder y satisfacer los requerimientos de una opinión pública viciada por las malas interpretaciones que rodean a la realidad criminal. (Acevedo).

Referencias Bibliográficas

Acevedo Matamoros , M. (s.f.). Política Criminal Contemporánea . Costa Rica.

Política Criminal ¿En que consiste?

La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad (Pérez y Gardey,2008). Comprendiendo este concepto de política entonces se puede deducir y comprender más fácilmente en que consiste una política criminal.

Una política criminal son aquellas estrategias y acciones que el Estado pone en practica para combatir la criminalidad.

 

El abogado Claus Roxin sostiene la cuestión de cómo debe tratarse a las personas que atentan contra las reglas básicas de la convivencia social y con ello lesionan o ponen en peligro al individuo o a la comunidad constituye el objeto principal de la Política Criminal. La Política Criminal adopta una singular posición intermedia entre ciencia y configuración social, entre teoría y práctica. Por un lado, se basa como ciencia en el conocimiento objetivo del delito en sus formas de aparición jurídicas y empíricas; por otro lado, pretende, como clase de política, llevar a cabo ideas o intereses concretos. Como teoría, intenta desarrollar una estrategia decidida de lucha contra el delito; pero como también ocurre por lo demás en la política, la realización practica depende a menudo más de las realidades preexistentes que de la concepci6n ideológica. Probablemente esta posición ambigua de la Política Criminal permita explicar el que todas sus tesis sean extremadamente discutidas y que la orientación dominante cambie con bastante frecuencia. La historia se mueve, si se puede decir así, más deprisa en el ámbito de la política criminal que en el campo de la dogmática jurídica (Borja,2003).