La Política Criminal, como parte de la Política en general de un Estado, tiene las características básicas de cualquier actuación política: es un conjunto de estrategias para un determinado fin. Conjunto de estrategias, instrumentos, modelos para conseguir un determinado fin. En primer lugar, el fin general de la Política Criminal se enmarca dentro del ideal de Sociedad que se pretende alcanzar. Entendemos que la dirección social de nuestras sociedades postindustrializadas en las que ya se ha logrado un mínimo de bienestar general y se han consagrado los derechos fundamentales formales en las cartas constitucionales, debe orientarse a la realización plena de la dimensión sustancial de la democracia, esto es, a la vigencia material de los derechos fundamentales ahí reconocidos. La propia selección de los mecanismos para hacer frente al fenómeno criminal es una cuestión valorativa que se inscribe en la Política general de un Estado determinado, en nuestro caso la del Estado social y democrático de Derecho con todos los principios y límites en la coerción estatal que tal concepción implica. Para tener criterios de referencia racionales en la selección de los instrumentos político-criminales es preciso centrar dos postulados generales propios del Estado social de Derecho que pueden servir de criterios guías:
- El Principio de legalidad sustancial
- El Principio de proporcionalidad (principio
de subsidiariedad).
Referencias Bibliográficas
Zúñiga Rodríguez, L.
(2009). Nociones de la Política Criminal. Gráficas Rigel, S.A.

No hay comentarios:
Publicar un comentario