El clima de inseguridad ciudadana que se ha gestado en estos últimos años, estimulado por la creencia de un aumento desmedido de las tasas de criminalidad y por la dramatización que sobre los hechos delictivos hace la prensa, ha propiciado que la política criminal tienda hacia la búsqueda de métodos que proporcionen respuestas cada vez más “eficaces” con las que se puedan enfrentar el fenómeno de la criminalidad y las consecuencias que ocasiona para el nuevo orden económico y político instaurado. La política criminal se convierte en esta coyuntura en una cuestión de moral más que de seguridad ciudadana, donde los sujetos son vistos como “objetos” del sistema penal al ser la finalidad de los programas de acción, la seguridad de sus potenciales víctimas y no la seguridad de sus derechos. Esta situación se confirma en Costa Rica, cuando el Poder Ejecutivo concentró todas sus energías en una serie de proyectos de ley donde se tipificaban nuevos tipos penales y se creaban unidades policiales especializas para atacar drásticamente la ola de secuestros extorsivos que azotó al país durante algún tiempo. En el caso particular de Costa Rica, las autoridades políticas ha intentando insistentemente en buscar los mecanismos e instrumentos idóneos para responder y satisfacer los requerimientos de una opinión pública viciada por las malas interpretaciones que rodean a la realidad criminal. (Acevedo).
Acevedo Matamoros , M. (s.f.). Política Criminal Contemporánea . Costa Rica.
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